Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno declaró la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2023. El DNU 863/2022, proclama al Ministerio de Salud como la autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria, y se argumenta que se requiere atención especial “por la pandemia de coronavirus y sus impactos incluso en el ámbito de salud mental”, según los considerandos.
Vale mencionar que la medida ampliada permite establecer un régimen de matriculación y/o certificación de especialidad provisoria, para los que no tengan el trámite de titulación finalizado, reválida de título, certificación de pregrado, grado o posgrado en ciencias de salud, intervención anterior del Ministerio de Educación y con certificación de asistencias.
Esto sin mencionar que también deja contratar a personal de salud jubilado o retirado, así como autorizar excepcionalmente la contratación de profesionales de salud titulados en el extranjero, y cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina.
Agregado a esto, se permite la autorización de la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares, incluso si no poseen los requisitos y autorizaciones administrativas previas.
Para finalizar, la emergencia sanitaria también da la posibilidad de la reasignación de partidas presupuestarias, de parte de la jefatura de Gabinete de ministros, para implementarse las medidas consideradas “necesarias”.