La jueza federal María Servini ordenó el procesamiento a ex funcionarios del área de turismo del gobierno de Mauricio Macri por una presunta defraudación en la contratación de una campaña publicitaria de sitios turísticos para la Semana Santa de 2016 por más de diez millones de pesos de esa época.
La causa fue abierta en el año 2018 luego de que un empresario vinculado con el turismo, Gonzalo Yrurtia, haya denunciado los movimientos ante la Oficina Anticorrupción. Cuatro años después, en 2022 se tradujo como causa judicial.
La investigación sigue la contratación por parte de la Secretaría de Turismo, en ese entonces bajo la tutela de Gustavo Santos, de una campaña para promover el turismo interno en Semana Santa de 2016, por la que supuestamente habían competido tres empresas: Team Media, Publicidad 10 y 80/20 Marketing & Publicidad.
Team Media fue la escogida, sin embargo, el proceso para ese resultado fue tachado de irregular. La causa que llevó adelante la jueza Servini registró que existió una especie de "cartelización" de esa contratación, puesto que las empresas tenían vinculaciones entre sí.
Lo que se presupone es que no hubo una competencia entre tres empresas sino una coordinación para obtener la adjudicación de la campaña.
El fiscal federal Federico Delgado imputó a los funcionarios del área de Turismo y a los funcionarios por los delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La investigación compromete al ex titular del Consejo Federal de Turismo César Ovejero; el coordinador, Claudio Massetti; el secretario Alejandro Lastra; el subsecretario de Promoción Turística, Fernando García Soria; la directora de jurídicos del área, Ana Gradín y los empresarios Marcelo Rafael Barrientos y Mauricio Jörgensen.
"El vínculo y el interés por parte de los funcionarios con las firmas puede apreciarse no solo de los vínculos a través de redes sociales, sino por el hecho de las similitudes entre las planillas de precios aportadas, montos y errores de tipografía", explicó Servini a la hora de dictar los procesamientos, además de agregar que “Los funcionarios omitieron cumplir con sus obligaciones legales, cuando no actuaron en contra de las mismas". Los procesamientos incluyen embargos por más de 50 millones de pesos para cada imputado.