La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el sobreseimiento de la empresaria Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi en la causa que se inició como consecuencia de la denuncia en sus contras que realizó María Carmen Cisneros Robledo, quien era empleada doméstica en la casa de la pareja, en la que sostenía que los aludidos eran responsables de trata de personas y reducción a la servidumbre.
Los jueces del tribunal de apelaciones resolvieron “confirmar la resolución puesta en crisis, en todo cuanto dispone y fue materia de apelación” y validaron así la decisión del juez de primera instancia que había descartado la comisión de delitos penales, a la vez que sostuvo que los reclamos formulados deben ser resueltos en la justicia civil o laboral.
“Luego de un profundo e integral estudio de los elementos de prueba cosechados, coincidimos con la postura desincriminante expresada por el acusador público y con el juicio de tipicidad que condujo al magistrado de grado a descartar la configuración del delito de trata de personas con fines de explotación laboral”, se comunicó.
Además, continuó: “De lo actuado no surgen razones que permitan concluir que en el caso se verificó por parte de los imputados un aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o que la denunciante haya sido sometida a condiciones de trabajo indignas, conforme lo requieren las normas aplicadas en el plano objetivo”.
De todos modos, los jueces que llevan a cabo la denuncia, explicaron: “Coincidimos con el quo en punto a que la falta de pago del salario, la mala relación con sus empleadores y la precariedad de la relación laboral no constituyen factores que hagan ingresar a los hechos en la esfera restrictiva y excepcional del derecho penal, existiendo la posibilidad de que sean dirimidas dichas circunstancias en otros ámbitos judiciales”.
La denuncia por maltratos y falta de pagos
La causa judicial comenzó a raíz de una denuncia de Cisneros Robledo en la que expresó que entre septiembre y octubre del 2019 la contactó Wanda Nara para ofrecerle trabajo como empleada doméstica y niñera en su casa en Francia, bajo la modalidad y condiciones que ambas pactaron. Aunque al principió todo transcurrió con normalidad, la denunciante aseguró que en febrero de 2020, le dejaron de acreditar el sueldo y comenzaron a exigirle que trabajara todos los días.
Asimismo, aseguró que como consecuencia de la pandemia, entre los meses de abril y julio vivió con la familia en la casa que tienen en Como, Italia, sin embargo, durante el último mes, ellos se fueron y la empleada habría quedado sola a cargo de la vivienda y de los animales, sin dinero, debiendo comer las sobras que había en la casa.
“Luego, en agosto de ese año, relató que se mudó a una casa de campo en la ciudad de Milán, donde dependía de un jardinero que allí trabajaba para poder proveerse los alimentos y la movilidad. Agregó que en noviembre del 2021 una amiga de la Sra. N. (por Nara) la llevó a una oficina para regularizar su situación migratoria, donde le dijeron que debía solicitar el asilo político”, explicaron fuentes judiciales. La denunciante, en su momento, narró además que después de esa situación se hizo público el conflicto y se acrecentaron los problemas, siendo que C. (la madre de Nara) le borró los mensajes de su celular previo a comprarle los pasajes de regreso a la Argentina. Por último, le revisaron sus pertenencias, le abonaron 500 dólares y le hicieron escribir una nota en la que manifestaba que se retiraba por su propia voluntad”.