La Cámara de Diputados aprobó este jueves la admisibilidad de la apertura de expedientes a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la apertura del sumario para contabilizar las pruebas que respalden la acusación en la comisión de Juicio Político.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti serán investigados luego de que el Frente de Todos haya conseguido la aprobación con la suma de 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones
Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.
La Coalición Cívica (CC) aclaró su conformidad con el juicio político a Lorenzetti, motorizado con un proyecto propio, pero debió adherirse en el dictamen general de rechazo.
Los representantes del bloque del FdT propusieron en la resolución admitir proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los 14 expedientes que se tramitan en la comisión.
En el escrito de 12 páginas leído por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), se enumeraron los 14 expedientes que "solicitan el juicio político respecto de los ministros de la Corte, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones".
"Los 14 pedidos promovidos acumulan más de 60 hechos que llevarían a las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- podrían tratarse de violaciones institucionales", apunta el texto.
Asimismo, el escrito señala que "el tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático".
En cuanto al interbloque JxC, su propuesta de inadmisibilidad se expuso que "el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez".
En la misma línea, continuó: "Ahora bien, cuando se trata del juicio político a algún miembro de la Corte Suprema, se ha establecido que el contenido de las sentencias queda excluido de la ponderación política, y ello encuentra su razón de ser en la garantía de independencia del Poder Judicial".
Dos integrantes de la Coalición Cívica, Juan López y Paula Oliveto, presentaron una segunda propuesta en la cual plantearon la necesidad de avanzar con el juicio político a Lorenzetti en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y en base a un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por dicho bloque.
Por su parte, Alejandro 'Topo' Rodríguez, del interbloque Federal, consideró que "del análisis de los 14 expedientes no surgen elementos para afirmar que se configure, en ninguno de ellos, alguna de las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional, lo que significa que no existen motivos fundados para proceder a la apertura de sumarios de investigación en los términos del artículo 9 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara de Diputados de la Nación"