La Inspección General de Justicia (IGJ) consideró "ineficaz e irregular" la inscripción del fideicomiso del influencer Santiago Maratea, quien comenzó una colecta para ayudar a Independiente de Avellaneda a saldar sus deudas económicas, y anunció que pedirá ante la Justicia la designación de un interventor controlador.
El organismo cuestionó que el creador de contenido haya inscripto el fideicomiso en la provincia de Neuquén y no en la de Buenos Aires.
Con respecto a este último punto, se acusó Maratea y al exarquero Miguel Ángel “Pepe” Santoro de “burlar la competencia de este Organismo de Control para así evitar el control de legalidad que implica la intervención" de la IGJ, "situación que indubitablemente configura un ensayo de fraude a la ley por vía de elección jurisdiccional potestativa, lo que se conoce como fraude interjurisdiccional”.
Además, se destaca que Santoro tiene domicilio legal fijo en la provincia de Buenos Aires, mientras que Maratea lo declara en la ciudad de Buenos Aires cuando la ley requiere que al menos uno de los integrantes de la parte fiduciaria posea domicilio real en la provincia de Neuquén.
La IGJ explicó que, para inscribir el denominado “Fidecomiso Maratea Rojo Gogó” en esa provincia patagónica, el influencer utilizó el domicilio en la calle Río Quinto 583 de la ciudad de Neuquén, lo que lleva a remarcar que las leyes neuquinas establecen que el registro del fideicomiso “deben realizarlo aquellos cuyo objeto sean bienes que se encuentren en la jurisdicción de la provincia”.
“La inscripción intentada en la relacionada y ajena sede provincial no cumple con ninguno de los recaudos legales, ni tampoco, con la finalidad perseguida por el Código Civil y Comercial de la Nación para el supuesto del Contrato de Fideicomiso”, explicó la IGJ en el documento difundido hoy.
Asimismo, tildaron de “exorbitante” la cantidad de dinero que recibirá Maratea como fiduciante y los gastos y honorarios de los demás integrantes del fondo.
La IGJ también cuestionó la "llamativa" cuenta recaudadora en Mercado Libre, ya que no está inscrita ante el Banco Central como entidad financiera y se trata de un proveedor de pago.
El dictamen también detalló que se solicitó en varias ocasiones a Maratea y a sus letrados que presenten la información y regularizar la situación, pero que ninguno respondió en ninguna circunstancia.
Ante esta situación, se solicitó que el interventor judicial sea “informante y controlador, para que proceda a comunicar a esta Inspección General de Justicia y al Juzgado interviniente el estado de los actos de administración y demás acciones realizadas por Maratea o quien lo reemplace en el ejercicio de sus deberes contractuales asumidos en su calidad de fiduciario”.