La jueza federal María Eugenia Capuchetti elevó a juicio oral este mediodía la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, como tres únicos acusados, al dar como “parcialmente clausurada” la investigación.
"Se han recibido formalmente los impulsos de las acusaciones pública y privada (esta última a través de un planteo subsidiario), para avanzar a la etapa de debate", explicó la jueza sobre la elevación del expediente a juicio.
De esta manera, Capuchetti rechazó los planteos de los abogados de la vicepresidenta, José Ubeira y Marcos Aldazábal. y de la propia víctima, quien consideró que la instrucción está incompleta y que no se ha ahondado en varias líneas de investigación que conducen hacia otros potenciales imputados.
"De la lectura de las diligencias que, a criterio de la parte querellante, deberían sustanciarse de forma previa a someter a juicio a las tres personas que se encuentran detenidas y procesadas en esta causa, se advierte que se vinculan en su totalidad a cuestiones ya evacuadas o que, en su defecto, en nada se vinculan a dichos imputados", sostuvo Capuchetti.
"La oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar", agregó.
Además, la jueza explicó que acató un fallo de la Cámara que pidió la realización del juicio: "Con apoyo en el criterio de la Alzada, que se comparte en esta instancia, y a fin de garantizar el derecho de los imputados a ser juzgados sin dilaciones indebidas, no habrá de hacerse lugar a la oposición de elevación a juicio planteada por la parte querellante".
Asimismo, explicó que los motivos del rechazo se basan en "las medidas o las hipótesis investigativas arrimadas por las partes han merecido el correspondiente tratamiento" y en ese escenario, "aún sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen".
Aún así, no descartó la posibilidad de seguir investigando pero sí hizo hincapié en la necesidad de "superar la etapa de instrucción en torno a las personas que se encuentran detenidas, mientras que se continúa profundizando, en paralelo, en relación a las líneas de investigación pendientes (o aquellas que pudieran surgir a sugerencia de cualquiera de las partes, o de terceras personas)", pese a que ni ella ni el fiscal Carlos Rívolo lograron encontrar elementos que exceda la responsabilidad de los únicos tres acusados.
Capuchetti citó el dictamen de Rívolo en el que expresó que "al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante".
"Se impone un rápido avance a la siguiente etapa. Máxime ello, teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados", resumió.