Cientos de policías militares irrumpieron hoy en dos cárceles de máxima seguridad de Honduras. Desde el lunes se organizó un plan ofensivo contra los pandilleros para retomar el control de los penales y quitarles arsenales de armas que ingresaron con la complicidad de los custodios.
La operación “Fe y Esperanza” se lleva a cabo por Las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Policía Militar de Orden Público. La operación tiene por objetivo retomar el control, dirección y gobernabilidad del centro penal de El Pozo, Santa Bárbara, y la cárcel de Siria, en el Porvenir. El comandante de la PMOP, coronel Ramiro Fernando Muñoz, pidió a sus tropas no dejarse sobornar por el crimen organizado, como habrían hecho las autoridades que dejaron ingresar esas armas. Al iniciar el despliegue, Muñoz, denunció que las armas fueron ingresadas a las prisiones por los pandilleros pagando sobornos a los custodios.
Por medio de las Fuerzas Armadas se divulgaron fotos de drogas, incluyendo plantas de marihuana, y municiones, pero no de armas, decomisados en las operaciones en El Pozo, centro de máxima seguridad, a unos 180 km. al noroeste de la capital, y en Siria, unos 60 km. al norte. Además, se mostraron a los reos agrupados en un patio descalzos y vestidos solo con ropa interior. Los centros de El Pozo y Siria, tienen una capacidad de 2.000 internos cada una, fueron construidas para albergar sobre todo a cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, las más temidas pandillas criminales que siembran el terror en Honduras, Guatemala y El Salvador.
Las operaciones empezaron por órdenes de la presidenta, Xiomara Castro, después de que la semana anterior en la cárcel de mujeres, reclusas de la pandilla Barrio 18 salieron de su módulo e irrumpieron en el que estaban sus rivales de la MS-13, a las que atacaron a tiros y prendieron fuego al centro dejando 46 fallecidas. Las cárceles de Honduras son consideradas por el gobierno como "academias del crimen", donde en los últimos 20 años se registraron más de 1.000 muertos, según el estatal Comisionado de Derechos Humanos.