El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria , por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó hoy un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales.
Según el Gobierno, se trata de una acción ante la Corte Suprema para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos del texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña al considerar que "vulneran los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT".
La presentación, que fue realizada esta mañana, fue elaborada por los equipos técnicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia; la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos y por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y además recoge los aportes realizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La demanda gubernamental afirma que "la manda del inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña contiene prohibiciones incompatibles con nuestra Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", al indicar que dicho inciso sienta las bases para la sanción de un reglamento represivo -por parte del gobierno de turno- que limite los derechos de reunión, protesta y huelga, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El escrito también solicita que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95 de la nueva Carta Magna jujeña, al considerar que durante el procedimiento de reforma de la Constitución provincial "se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación a diversas cuestiones que los afectan en forma directa".
Anoche, tras el anuncio de esta presentación de acción declarativa, Morales expresó en Twitter que "se confirma el intento de desestabilización en Jujuy" y agregó: "Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución"."Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo", advirtió.
La reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que prohíbe los cortes de calle y de rutas en la provincia, fue aprobada y jurada el 20 de junio, en medio de graves incidentes en la ciudad capital. La Carta Magna jujeña, que no había sido reformada desde 1986, causó una ola de rechazos entre los sectores de los trabajadores, organizaciones sociales, desocupados y comunidades de pueblos indígenas que ven con preocupación la quita de derechos conquistados en democracia.