Luego de conversaciones extensas, el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre las revisiones quinta y sexta por el acuerdo del Servicio Ampliado de Fondos.
Para ser precisos, el entendimiento constará, en parte, en un desembolso de US$ 7.500 millones de dólares en agosto, y otro en noviembre, con la aprobación de las facultades de intervenir en los mercados para la aseguración de su funcionamiento normal.
Sumado a esto, se realizarán operaciones puente para los próximos pagos al organismo a través de otro multilaterales, para que el país continue con el programa contra los desembolsos.
Por otro lado, se recalibrarán las metas de reservas para adecuarlas al impacto de la sequía y se apoyarán las medidas relacionadas con el sector externo y fiscal, las cuales fueron anunciadas esta semana.
Así, se tomaron medidas para alentar la liquidación de exportaciones y contener las importaciones en el corto plazo, mientras que confirmaron que las tasas de política monetario se tendrán positivas en términos reales, al sostener que la política monetaria “seguirá siendo un instrumento clave para contener las presiones del mercado”.
Además, para cumplir la meta del déficit fiscal primario para 2023, del lado de ingresos, se aplicarán nuevos impuestos sobre el acceso a divisas para bienes y servicios importados, así como nuevas acciones para movilizar la liquidación de exportaciones.
A su vez, en lo relacionado a gastos, reforzaron la necesidad de contener el crecimiento de la masa salarial, actualizar las tarifas de energía y fortalecer los controles de gastos.
Agregado a esto, se indicó que las políticas acordadas tienen el objetivo de aumentar las reservas el resto del año, con la meta de acumulación de reservas internacionales netas acumulativas d cerca de US$1.000 millones para fin de año, sumado a mejoras en el balance energético, con estimaciones que la recuperación de la sequía será en la última parte del año.